Después de un accidente de tránsito, una de las primeras preocupaciones suele ser quién va a pagar los daños. Cuando el otro vehículo no tiene seguro, esa incertidumbre puede ser mayor, especialmente si la persona damnificada tampoco cuenta con recursos para afrontar la reparación y los gastos de un proceso judicial.

La falta de cobertura no elimina, por sí sola, la responsabilidad por los daños. Pero para evaluar un reclamo es necesario analizar cómo ocurrió el accidente, qué pruebas existen, quiénes deben responder y cuáles son las posibilidades de obtener el pago.

Para mí, el trabajo del abogado comienza con ese análisis y continúa con el acompañamiento al cliente durante todo el proceso. Preparar el caso, actuar con diligencia y explicar cada etapa son partes de una misma tarea.

Analizar la prueba desde el comienzo

Las fotografías, la denuncia del siniestro, los testimonios y los presupuestos de reparación pueden resultar fundamentales. Cada elemento aporta información sobre cómo ocurrió el choque y cuáles fueron sus consecuencias.

Una sentencia de Córdoba, dictada en una causa en la que intervine en el patrocinio de la parte actora, permite mostrar la importancia de ese trabajo.

El reclamo se originó en una colisión entre dos automóviles en una intersección con semáforos. La persona damnificada sostuvo que avanzaba con luz verde y que el otro vehículo había ingresado al cruce con luz roja. En la demanda también se indicó que ese automóvil no contaba con seguro.

El tribunal valoró las fotografías de los vehículos y del lugar, la denuncia realizada ante la aseguradora del damnificado y la declaración de un testigo que viajaba como acompañante. También se presentó un presupuesto de reparación, reconocido por el taller que lo había emitido.

Esas pruebas, junto con la presunción derivada de la falta de contestación de la demanda, permitieron tener por acreditados el accidente y sus circunstancias. El tribunal destacó que, aunque los demandados no se hubieran presentado, el reclamante seguía teniendo que probar los hechos que sustentaban su pretensión.

Considerar la situación económica del cliente

El costo de un proceso también forma parte de la evaluación inicial. Para quien sufrió un accidente, afrontar los gastos judiciales puede representar una dificultad adicional.

En este caso también se tramitó un beneficio de litigar sin gastos, porque la persona damnificada no contaba con recursos para afrontar todos los gastos del proceso.

Considero importante atender esa situación desde el comienzo. El asesoramiento debe contemplar tanto el reclamo como las dificultades concretas que tiene la persona para llevarlo adelante. Escuchar al cliente y conocer sus posibilidades permite evaluar las herramientas que correspondan a su situación.

Ser diligentes y llegar preparados

Llevar adelante una causa exige continuidad: revisar el expediente, atender los requerimientos, producir la prueba y asistir a las audiencias con preparación.

Las audiencias requieren conocer los hechos, la documentación y los puntos que deben acreditarse. Esa preparación permite aprovechar la oportunidad de presentar el caso y sostener el reclamo.

Entiendo la diligencia como una responsabilidad cotidiana. Cada actuación merece atención, porque el avance del proceso depende también del trabajo que realizamos los profesionales.

Acompañar también significa explicar los tiempos

Un proceso judicial requiere paciencia. La persona que sufrió el accidente puede necesitar una solución inmediata, mientras que la causa tiene etapas, actuaciones y tiempos que deben cumplirse.

Parte de nuestro trabajo consiste en transmitir esa paciencia al cliente: explicar qué se hizo, qué falta, por qué una actuación lleva tiempo y cómo continúa el trámite.

La paciencia debe ir acompañada de seguimiento e información. Para mí, acompañar al cliente implica que pueda comprender el estado de su causa y saber que hay un profesional ocupándose de las actuaciones pendientes.

Qué resolvió la Justicia en este caso

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 6.ª Nominación de Córdoba, mediante sentencia del 27 de noviembre de 2024, hizo lugar a la demanda.

Condenó al conductor y a la titular registral del vehículo a pagar $2.226.100 por los daños materiales del automóvil, con más intereses, e impuso las costas a la parte demandada.

Para el período iniciado el 1 de enero de 2024, el fallo dispuso la actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba, más un 6 % anual de interés moratorio, sin capitalización. Es el criterio adoptado para este caso concreto.

La sentencia reconoce una obligación de indemnizar. Obtener el pago puede requerir actuaciones posteriores, por lo que las posibilidades de cobro también deben formar parte del análisis del reclamo.

Este caso refleja aspectos que considero centrales en el ejercicio profesional: estudiar la prueba, contemplar la situación del cliente, preparar las actuaciones y acompañar el desarrollo de la causa con diligencia y comunicación.

Extracto de la parte resolutiva

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 6.ª Nominación de Córdoba.

Fecha de la sentencia: 27 de noviembre de 2024.

Se transcriben los puntos 1 y 2 y la fórmula de cierre. Se omiten los nombres y DNI de las partes y el punto 3, referido a honorarios.

RESUELVO:

1. Hacer lugar a la demanda entablada en autos por el Sr. [DATOS PERSONALES OMITIDOS], y en consecuencia condenar a los Sres. [DATOS PERSONALES OMITIDOS] y [DATOS PERSONALES OMITIDOS], a abonar -en el plazo de diez días de quedar firme esta resolución- la suma de pesos dos millones doscientos veintiséis mil cien ($ 2.226.100), con más intereses.

2. Imponer las costas a cargo de la parte demandada (art. 130 del CPCC).

[…]

PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER.

Se omiten los datos personales y otras referencias identificatorias de las personas involucradas.